Agua, cómo te deseo…

Nuevamente, en el Congreso Nacional, se llevará a cabo una nueva disputa en torno a una ley, la Ley de Protección de Glaciares. Si bien los medios hegemónicos le dieron difusión al tratamiento de esta ley, poco se entiende en qué se diferencian los dos proyectos presentados (el oficialista de Filmus, y el presentado por Bonasso, aprobado en general en diputados), ni sus implicancias a nivel socioambiental.

Desde el veto por parte de CFK al proyecto de ley para proteger los recursos hídricos del país, el debate dentro del congreso avanzó bastante, hasta llegar a contar al día de hoy con media sanción de la cámara de diputados. Sin embargo, el bloque oficialista sigue pateando el tratamiento en particular de la ley, buscando llegar a un acuerdo con la oposición que le permita introducir los cambios necesarios para permitir la explotación y saqueo por parte de empresas transnacionales que buscan operar en la zona.

Un buen ejercicio para entender qué está en juego acá, es analizar y pensar qué diferencias existen entre los bloques congresales y a qué responden esas diferencias. Sin olvidarse, claro, de cómo afectará la sanción de una ley de este tipo al medioambiente de nuestro país.

Cortito y al pie, la ley de Bonasso, aprobada en general, amplía al máximo la región a proteger en el art. 2 (que fue aprobado en particular), determinándola como la suma de la zona glaciar (los hielos continentales) y la zona periglaciar (región circundante a los glaciares, con importantes recursos hídricos y vitales para la conservación de los grandes hielos). La ley impone que la auditoría ambiental (que determina si una mina contamina o no) sea realizada 180 días después de la sanción de la misma -art. 15-. Al mismo tiempo, establece la obligación de realizar una Evaluación Ambiental Estratégica que permita conocer el impacto socioambiental real que puedan llegar a tener los emprendimientos ya establecidos -art. 7-. En esta evaluación, se  analizan las relaciones de diversas actividades entre sí, entre ellas y sus contextos sistémicos (estructurales y/o funcionales).

Por otro lado, el oficialismo  pretende introducir cambios en el articulado, apuntando a preservar el actual modelo extractivo. En primera instancia, buscaron acotar la región de protección sólo a la zona glaciar. Pero como ese artículo fue aprobado como estaba, buscaran rechazar o modificar el artículo 6, que impone la prohibición de actividades contaminantes en las regiones mencionadas. Por otro lado, pretende modificar el artículo 15, haciéndolo más ambiguo y sin establecer plazos claros para la realización del inventario glaciar, paso previo a realizar la auditoría ambiental.

Además, proponen que los gobiernos provinciales tengan participación en la confección del inventario, que son mas permeables a las operaciones de las grandes corporaciones, pudiendo retrasar la auditoría ambiental. Al mismo tiempo, elimina la necesidad de la Evaluación Ambiental Estratégica, reduciendo el estudio a zonas aisladas e ignorando el impacto regional que puedan tener las actividades mineras.

En definitiva, el oficialismo pretende dar lugar a que las empresas extractivas-contaminantes sigan llevando a cabo sus actividades sin establecer plazos fijos, sin hacer una investigación seria sobre el impacto socioambiental de estas actividades y dándole lugar a las corporaciones mineras a operar a través de los corrompidos gobiernos provinciales.

Filmus a la derecha (oficialista) y Bonasso a la izquierda (ex oficialista), enfrentados por el proyecto de ley de glaciares.

Y no está solo: si bien el macrismo y ciertos diputados provinciales provenientes sobre todo de la UCR y el PJ anti-K, no mostraron intenciones de introducir cambios, ya confirmaron que votarán en contra de los artículos en disputa, abriendo la chances de acoplarse a las modificaciones oficialistas.

Pero no sólo se busca asegurar que los grandes complejos mineros cordilleranos puedan seguir utilizando el agua glarciar a través de la puja dentro del congreso, sino que ya se pusieron en marcha las operaciones a través de los gobiernos provinciales. Así es como, después de una serie de reuniones entre CFK, los gobernadores mineros y representantes de la Barrick Gold, se empezaron a aprobar rápidamente una serie de leyes provinciales contrapuestas al proyecto que está pronto a ser tratado en Senadores. Y de esta manera, entraría en juego el recurso de privilegiar una ley provincial que administra los recursos provinciales por sobre la Ley Nacional, con amparo de la Constitución Nacional.

A pesar de todas las trabas que se le intentan poner a esta ley, que pretende proteger los recursos hídricos del país y el medioambiente que de ellos depende, las organizaciones ambientalistas siguen en pie de lucha. Y es que el hecho de que se esté tratando una ley con estas características tiene mucho que ver con estas organizaciones, que supieron poner el debate sobre la mesa, oponiéndose enérgicamente a los emprendimientos que saquean y contaminana nuestros bienes comunes. Hoy, siguen (seguimos) pujando, desde abajo, para que poder avanzar en cómo repensar nuestros bienes comunes y el uso que hacemos de ellos.